Según ha podido saber Servimedia en fuentes socialistas, una de las ideas que se barajan pasa por penalizar económicamente el acceso a las urgencias y el abuso que puede suponer "saltarse" la atención primaria, algo especialmente habitual además en el colectivo de inmigrantes.

Se trataría de implantar, como ya ocurre en Portugal, una tasa que deberían pagar quienes acudieran a urgencias por cuestiones que claramente entran en el ámbito de la atención primaria.

Con esta medida se conseguiría descongestionar las urgencias, uno de los principales focos de gasto del Sistema Nacional de Salud. Los médicos debería ser los encargados de decidir qué visitas son procedentes y cuáles no.

En esta línea, el grupo parlamentario socialista ha presentado una propuesta al Debate sobre el Estado de la Nación, en la que abre la puerta a la modificación "de normas, incluso de rango legal", para acometer una reforma del modelo sanitario, para adecuarlo además a la insuficiencia económica que tienen algunas comunidades autónomas en este sentido.

Además, los socialistas hablan de la necesidad de frenar los "factores estructurales" que han incrementado el gasto sanitario, que ha crecido en los últimos años especialmente en los fármacos y en la atención a urgencias.

COPAGO

Por otra parte, la Fundación Alternativas, afín al PSOE, propone que, para contener el gasto farmacéutico, se establezca un sistema de copago para los pensionistas, ya que a ese colectivo se destina nueve veces más fondos que a las personas activas.

El informe, titulado "La contención del gasto farmacéutico" y realizado por Enrique Costas Lombardía, establece no obstante que la aplicación del copago debería ser "respetuosa con la equidad", por lo que excluiría a los pensionistas de rentas bajas y se adaptaría al valor terapéutico de cada medicamento.

Para amortiguar el "recelo social" que podría causar la medida, Fundación Alternativas propone la puesta en marcha de compensaciones por la vía de las deducciones fiscales o el aumento de las pensiones.

El informe establece que en 2001 los pensionistas originaron el 78% del gasto farmacéutico y el 70% de las recetas del Sistema Nacional de Salud (SNS). "La gratuidad del consumo de los pensionistas es un creciente foco de inflación y de enredo", subraya.

"La cantidad de pesetas por pensionistas ascendió a 83.736 anuales, nueve veces más que por persona activa (9.216), enorme desproporción que expresa las relativamente mayores necesidades asistenciales, un notable despilfarro", añade el informe, que apunta también la "cesión fraudulenta" de fármacos en recetas de pensionistas a familiares y amigos.

El informe incluye otra serie de medidas tendentes a reducir la factura sanitaria como la extensión de los precios de referencia, la promoción de la competencia entre las farmacias, la firma de un pacto con la industria, la prescripción por principio activo o la contratación de asesores farmacéuticos en los centros de atención primaria.