Por una parte, las grandes empresas han manifestado su preocupación por la medida al considerar que, en función del proveedor, pueden ser atacados por activistas que no comparten los medios de actuación de las compañías contratadas. Por otra, las pymes quieren ser excluidas de esta obligación.

La Ministra de Industria, Margaret Hodge, aclaró que la medida no busca crear problemas a los proveedores citados en las listas. "También pretendemos asegurar la protección de las compañías o particulares que sean objeto de las acciones de los activistas".

Por su parte, el Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI) ha solicitado directamente al Gobierno la retirada de esta obligación. Mientras que los grupos de presión favorables al establecimiento de una mayor supervisión de las firmas contratadas por empresas consideran que la ley debería ser aún más estricta.

Miembros del Instituto de Directores (IoD) de Reino Unido, organismo que asesora y establece pautas para responsables empresariales, han manifestado su molestia por el hecho de que las compañías no hayan sido consultadas al respecto.

Grupos defensores del proyecto de ley, como Ayuda en Acción y Amigos de la Tierra, han presionado para que la norma afecte a todo tipo de compañías, grandes o pequeñas, y no sólo a las cotizadas en el mercado.

El proyecto de ley, que ha pasado ya por la Cámara de los Comunes, debería pasar por la Cámara de los Lores esta misma semana.