Una de ellas es la ampliación de los poderes de las autoridades para internar a aquellas personas que por sus problemas mentales constituyan un peligro para sí mismas o para la sociedad, sin necesidad de que pasen un examen que determine si su patología es tratable o no.

La legislación vigente en el Reino Unido establece que aquellas personas con patologías que no respondan al tratamiento no pueden ser recluidas.

La reforma también mantiene el tratamiento ambulatorio obligatorio, pero limitándolo a los casos de enfermos que ya hayan sido objeto de órdenes de internamiento anteriormente en virtud de las leyes de salud mental.

Algunos expertos en psiquiatría se han mostrado a favor de estas propuestas, ya que creen evitarán que muchas personas sean internadas por el simple hecho de tener problemas con el alcohol o discapacidad psíquica.

Sin embargo, la Alianza para la Salud Mental, que agrupa a 77 organizaciones que trabajan en este ámbito, considera que la eliminación de los exámenes para determinar si una patología es o no tratable puede privar de libertad a muchas personas que no obtendrán beneficios terapéuticos por su internamiento.