A su juicio, el Ejecutivo central infringe la normativa europea y, en particular, la Directiva Marco el Agua aprobada en el año 2000.

Gil matizó que, aunque esta normativa todavía no es de obligado cumplimiento para los ciudadanos, sí lo es para los gobiernos que integran la Unión Europea.

Así, el titular de Obras Públicas enumeró los cinco aspectos que, en opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, se están incumpliendo y que son: la obligación de no causar deterioro a las aguas y espacios protegidos, el respeto de los caudales ecológicos, el deterioro de las aguas en la cuenca del Segura, la alta de información pública sobre los caudales del río Tajo y los destinos del agua trasvasada y, por último, la no observación de la recuperación de los costes económicos.

El consejero no descartó que también se puedan emprender actuaciones legales en contra del último trasvase y de la gestión del agua en la cuenca del Segura, cuestión que se está estudiando por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades.