Esta entidad ha enviado sendos escritos de queja al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez, en los que expresa su "más radical oposición" a la norma en materia de IRPF porque "causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves y perjudicados por fallecimientos de sus familiares".

La preocupación de Anava-RC se centra en la disposición final segunda del anteproyecto legislativo, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020, pues "de forma escondida" modifica la ley sobre el IRPF sin considerar el impacto económico para las personas perjudicadas en caso de fallecimiento por accidente de tráfico e incluso para las aseguradoras.

La reforma que se plantea llevaría a una indemnización disminuida por las retenciones o tributos fiscales y generaría un efecto contrario a la eficiencia procesal que intenta impulsar, pues cargaría de procedimientos judiciales muchos asuntos que ahora se arreglan amistosamente, según Anava-RC.

"No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación lamentablemente sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero", apuntó Manuel Castellanos, presidente de Anava-RC.

Castellanos indicó que la indemnización pretende precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. "Desde el punto de vista fiscal, las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio, sino una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente", resumió.

DESCONOCIMIENTO

Por otro lado, Anava-RC indicó que el anteproyecto legislativo introduce cambios en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y las personas perjudicadas que incrementarían sus costes, pues introduce la intervención de una figura denominada un “tercero neutral”, sin definición alguna de su función o cometido, y exige “escritura pública” cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora.

"Además, esta medida lleva más problemas de fondo, pues generaría el efecto contrario a lo pretendido en la norma principal, que es la de eficiencia procesal, pues al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos lo que generaría es un desbocado aumento de litigios", recalcó la asociación, ya que, según agregó, "los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia".