Las pruebas se realizan en otras regiones españolas y son coordinadas por el Plan Nacional del Sida, que dirige Jorge Casabona, y el Instituto Carlos III. En el caso de Baleares afectará a unos 8.000 niños que nacerán este año.

El consejero balear de Sanidad, Bartomeu Cabrer, reconoció hoy, en declaraciones a Servimedia, no saber si se está pidiendo o no autorización previa a los padres en el caso de los bebés.

Cabrer aseguró que "e respeta por completo la confidencialidad de los resultados" y añadió que "los padres que se opongan pueden presentar un escrito que será estudiado".

El Gobierno balear decidió el año pasado dar soporte a esta petición del Ministerio de Sanidad. A la misma se sumaron también Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Canarias y la ciudad de Melilla. El resto de comunidades se negaron alegando que podrían plantearse problema éticos.

Cabrer explicó que, a las pruebas habituales que se lespractica a los recién nacidos, se le añade la extracción de dos gotas más de sangre que permiten rellenar dos pozuelos, destruir todo lo relacionado con la identidad del niño y remitir la sangre y desordenadamente a Madrid para efectuar el análisis de sida".