El documento exige la exclusividad de los altos cargos, que no podrán disponer de despacho privado, participar en el consejo de administración de cualquier otr entidad o percibir otra remuneración que no sea la que le corresponde por su cargo en la Administración autonómica.

El control del cumplimiento de la ley correrá a cargo del Consejo de Gobierno, según el documento, que prevé sanciones en caso de incumplimiento de hasta 6 años de inhabilitación.

La ley de incompatibilidad de altos cargos también prevé la creación de un registro de bienes y derechos patrimoniales y un segundo registro de intereses y actividades. El primero será de carácter reservao y sólo tendrán acceso a él el Parlamento, los órganos judiciales y el Sindic de Greuges. En cambio, el registro de intereses será público.