Según informó hoy el Ejecutivo autónomo, el Gobierno de las Islas Baleares considera que el "decretazo", en la forma y fondo, vulnera la Constitución.

Respect a la forma, el Gobierno balear señala que no queda justificada "la extraordinaria y urgente necesidad" que argumenta el Gobierno central para reformar las prestaciones por desempleo. Igualmente, no es constitucionalmente posible que un decreto ley afecte a determinados derechos constitucionales como en este caso.

En cuando al fondo, el decreto vulnera derechos constitucionales en aras a la libre elección de profesión y oficio, así como aspectos contrarios a la garantía de seguridad jurídica y al prinipio de igualdad. Igualmente vulnera el derecho a los trabajadores a una remuneración suficiente a fin de satisfacer sus necesidades y la de sus familiares.

También se merman, sin justificación, las prestaciones sociales anteriores que suponían avances en la consolidación de los principios rectores de la política social y económica.

Esto es evidente en relación a las prestaciones sociales por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos que, en el ámbito laboral de las Islas Baleares, son un olectivo de gran envergadura.

En definitiva, el Gobierno balear destaca que "no se puede consentir que el Ejecutivo central recorte los derechos de los trabajadores y, más, a través de un instrumento no adecuado".

Estas serán las líneas básicas de la redacción del recurso, que se presentará ante el Tribunal Constitucional el próximo 24 de agosto.