Según informó este martes el Ejecutivo madrileño, este nuevo dispositivo, cuyo contrato se extenderá del 1 de noviembre de este año al 31 de diciembre de 2026, ofrecerá a las usuarias servicios de atención social, jurídica, psicológica y mediación intercultural, entre otros. Además, les brindará recursos y herramientas para su incorporación al mercado laboral.

El Gobierno regional ha puesto en marcha desde 2005 una extensa red regional como centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, residenciales para víctimas de trata con fines de explotación, jóvenes, reclusas y exreclusas, que suman un total de 143 plazas residenciales para mujeres, sus hijos y personas a su cargo.