El objetivo es la incorporación de estos profesionales a empresas y centros tecnológicos para acometer planes de I+D+i de manera que tengan un mínimo coste para estas compañías y, especialmente, para las pymes.

En el acto de presentación del nuevo programa de ayudas se puso de manifiesto los problemas en la ubicación de los investigadores ya que el 72% de estos prfesionales en España desarrollan su labor en el sector público, por lo que se requiere un trasvase de estos expertos a la empresa privada.

En el caso de las comunidades autónomas españolas "Objetivo 1" (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia), el Gobierno financiará hasta el 75% del coste de la contratación con el límite de 70.000 euros. En el resto de regiones el tope de ayuda se sitúa en 47.000 euros.

El perfil de as empresas que pueden acceder a estas ayudas es muy diverso, ya que abarca desde sectores con gran capacidad innovadora, como los de biotecnología y farmacia, hasta otros más tradicionales, como el agroalimentario y pesquero.