En concreto, se trata de Único-Industria y Empresas, UnicoBono Social y Unico-Edificios, cuyo objetivo es reforzar el acceso a la conectividad en todo el territorio y mejorar las conexiones de banda ancha ultra rápida (más de 100Mbps) en las áreas de concentración económica y las empresas.

La transferencia aprobada corresponde al periodo 2022-2023 y completa las previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según explica el Ministerio de Asuntos Económico y Transformación Digital.

Estas inversiones se enmarcan en el componente 15 del Plan de Recuperación, que cuenta con una dotación de 4.000 millones de euros para extender la conectividad digital, desarrollar la tecnología 5G e impulsar la ciberseguridad. Su despliegue contribuye a una recuperación sólida y sostenible de la economía española y favorece la modernización del país.

El Programa Unico-Industria y Empresas tiene una dotación de 75 millones de euros para el periodo 2022-2023 y su objetivo es reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises NGA.

El programa incluirá tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.

La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con criterios de extensión de territorio y número de empresas en las comunidades autónomas. El objetivo del programa es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de conectividad de 1-Gigabit.

Unico-Bono Social tiene una dotación de 20 millones de euros para 2022 y 2023, para contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. Existirá una limitación de un bono social por unidad familiar y persona con cuantía máxima de 240 euros/año.

Pueden colaborar con el programa del bono social aquellos operadores que presten servicio en todas o en alguna de las comunidades y ciudades autónomas. La distribución entre las comunidades autónomas se ha realizado de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza. El objetivo es la concesión de al menos 125.000 bonos de conectividad para personas o familias calificadas de vulnerables para la adquisición de un paquete de conexión de banda ancha con la tecnología más adecuada.

Por último, Unico-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. La dotación para 2022 y 2023 es de 60 millones de euros y se distribuye en función del número de edificios construidos antes del año 2000. Con estas ayudas se pretende contribuir al objetivo de 13.600 edificios, como mínimo, que hayan mejorado la infraestructura común de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla contarán con márgenes de flexibilidad para adaptar los programas a las necesidades de cada región, siempre que estén alineadas con el cumplimiento de los hitos y objetivos asignados al componente 15 del Plan de Recuperación. Asimismo, deberán establecer sistemas de gestión independientes que faciliten el control de la ejecución de las ayudas y visibilizar que corresponden a programas financiados con fondos del Plan de Recuperación.