La autorización del Gobierno supone el primer paso en la privtización de un paquete importante de acciones de Repsol que el Gobierno desea llevar a cabo, aunque, en ésta ocasión, no agota el límite legal del 16 por cien que actualmente podría vender el INH a inversores privados sin perder el control dela compañia.

Dicho tope viene determinado por la Ley de Regulación del Sector Petrolero, vigente desde 1984, en la que se obliga al INH a mantener más del 50 por cien del capital de Campsa, antiguo monopolio de petróleos.

El Estado cumple con ese requisito a ravés del control que ejerce sobre Repsol, por lo que la pérdida de la mayoría de capital en ñésta última empresa implicaría el fín del control público sobre Campsa.

La emisión de bonos convertibles por acciones viejas de Repsol permitirá alos suscriptores la compra de un activo fijo durante 3 años, y al cabo de ese periodo podrán canjearlos por títulos del grupo petrolero.

Además, la autorización del Consejo de Ministros delega en los responsables de la compañía la posibilidad de ampliar la ofera de bonos en función de la demanda efectiuva que se registre cuando se habra el plazo de suscripciones, por lo que el capital de la empresa que finalmente se venda podría ser aún mayor.

El INH dispone, a su vez, del permiso gubernativo para diseñar la operación y fijar las condiciones e instrumentos de la venta que estime oportunas, aunque se insta al ente estatal a priorizar la compra de bonos por inversores minoristas y atender el máximo de demanda posible mediante la aplicación de topes máximos po petición de títulos.