El objeto social de estas sociedades mercantiles, participadas en su totalidad por el Estado, es la promoción, contratación, explotación y financiación de las obras de modernización de regadíos contempladas en el Plan Nacional de Regadíos, en aquellos casos en que se trate de inversiones declaradas de interés general.

Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las zonas regables ue son objeto de esta acción ocupan una extensión próxima a las 400.000 hectáreas.