Este incremento del número de jueces está previsto en el reciente pacto por la reforma de la Justicia suscrito por PP y PSOE y en el Plan de Agilización de la Justicia con el que se pretende paliar el colapso de los tribunaes españoles.

El pasado año el Consejo de Ministros creó 126 plazas, 87 de juez y 39 de magistrado, con un coste de más de 2.000 millones de pesetas.

Cada juzgado de nueva creación cuesta en torno a los 24 millones en obra de construcción, 4 millones en mobiliario y 2,5 en informatización de la oficina judicial. Y el coste medio de funcionamiento, una vez equipada, ronda los 6,5 millones de pesetas.

Justo antes de firmar el Pacto por la reforma de la Justicia, el PSOE denunció que dos millons de casos judiciales esperan ser resueltos y la media de espera supera los dos años, mientras que 500 plazas de jueces y magistrados continúan vacantes.

A juicio de los socialistas, el 2% del total del Presupuesto General del Estado para 2002 debería estar dedicado a reformar las obsoletas oficinas judiciales, muchas de ellas todavía sin informatizar.