Esa medida, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, figura en un real decreto-ley sobre la prórroga de medidas temporales para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre.

El conjunto de la España peninsular cumple ahora un año en sequía meteorológica de larga duración, que es cuando se acumulan menos lluvias de lo normal en 36 meses, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta situación comenzó en diciembre de 2022. No es una novedad, puesto que ya hubo otras entre 1975 y 1976, de 1982 a 1983, de 1993 a 1995 (que fue la más intensa y larga), de 2006 a 2007, en 2017 y en 2019.

La actual sequía meteorológica de larga duración es la más intensa en Cataluña (cuenca del Pirineo oriental) y la más larga en Andalucía (cuencas del Guadiana, el Guadalquivir y el sur de la comunidad andaluza) como mínimo desde 1961. La del sur peninsular comenzó en marzo de 2016 y aún perdura.

DOS MEDIDAS

La norma aprobada por el Consejo de Ministros incluye dos medidas para afrontar la sequía, una de tipo administrativo y otra de exención tributaria, para corregir o mitigar los efectos de la sequía.

El Gobierno pretende evitar problemas de suministro de agua por la sequía, particularmente notable en las cuencas del sur y el este -como la del Guadalquivir o las internas de Cataluña-, y pretende paliar el impacto de la falta de agua y repartir el recurso “de forma solidaria y equitativa entre todos los sectores afectados”.

Así, las confederaciones hidrográficas podrán establecer las reducciones de suministro necesarias para la “justa y racional distribución de los recursos”, modificar los criterios de prioridad en las asignaciones o suspender cautelarmente el otorgamiento de títulos que implique el incremento del consumo. Además, se refuerza el régimen sancionador para las infracciones relacionadas con estas medidas.

Además, durante 2024 se concederán exenciones sobre el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para las explotaciones agrarias beneficiarias de las obras hidráulicas en las siguientes cuantías: el 50% de reducción de la cuota si se ha producido una bajada de la dotación de agua superior a un 40% e inferior al 60%, y del 100% de reducción de la cuota si la bajada de la dotación de agua es igual o superior al 60%.

A los usuarios de las obras hidráulicas de la cuenca Guadalquivir se les otorgará una reducción del 50% al canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

Y a los regadíos de la cuenca del Segura que usan el Acueducto Tajo-Segura, se les eximirá de las aportaciones correspondientes al coste de las obras y los gastos fijos de la tarifa de conducción de las aguas, entre otras facilidades.