Esta normativa afectará a las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta que se realicen en la UE y garantizará que se realizan "con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales".

Asimismo, el anteproyecto de ley refuerza la protección de los usuarios al determinar cuáles son estos servicios financieros de pago y qué proveedores están autorizados para prestarlos.

Además, establece cuál es el régimen jurídico que regulará la actividad de las entidades de pago y fijará los principios de transparencia que deberán cumplir. También establece los derechos y obligaciones derivados de la prestación y utilización de estos servicios.