Se amplía así el plazo de 2 años establecido en 1999, cuando se marcó el 26 de junio de 2001 como límite para asegurar la seguridad de este tipo de ficheros, ante el riesgo de que se pudieran conocer datos personales.

El Ejecutivo se ha amparado en que algunos sistemas de información en funcionamiento no permiten tecnológicamente la implantación de las medidas de seguridad a las que obliga la normativa.