El recurso de casación ante el Tribunal Supremo se aplicará únicamente en las infracciones que se produzcan en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo, que, en contra de lo que algunos puedan opinar, la nueva normativa no promoverá la creación de "17 modelos diferentes" de Justicia en el Estado.

Además de la reforma del recurso de casación para la unificación de doctrina, en este proyecto de ley se contempla la modificación de 21 leyes procesales y de la doble instancia penal para impulsar, entre otras cosas, la puesta en marcha de la Oficina de Judicial.

Mediante esta reforma se regula el recurso de casación para unificación de doctrina ante los TSJ de las comunidades autónomas, quedándo estos tribunales para depurar las infracciones en la aplicación de las normas de las propias comunidades.

Con esta nueva configuración del recurso de casación, en lo civil, se permitirá al TS unificar las resoluciones contrarias a la jurisprudencia del propio Tribunal, o a la doctrina del Tribunal Constitucional, o las contradicciones surgidas entre las Audiencias Provinciales, además de fijar jurisprudencia sobre normas nuevas.

En cuanto al orden penal, el Supremo es el encargado de unificar los pronunciamientos contrarios a la jurisprudencia del Alto Tribunal o aquéllos que surjan entre diferentes tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

El recurso de casación contra resoluciones de los tribunales superiores de justicia servirá para subsanar las contradicciones únicamente en la aplicación de normas estatales entre sentencias emanadas de los Tribunales Superiores de Justicia, excluyendo las cuestiones referentes a personal, materia electoral y derecho de reunión.