El Ejecutivo reconoce que en agosto de 2002 un empresario asturiano manifestó que había sido extorsionado por miembros de la banda. Sin embargo, asegura que la última campaña emprendida por los GRAPO se produjo en mayo de 1998 y se dirigió a empresarios "de diversas provincias españolas".

"Desde entonces no se tiene conocimiento de que se hayan llevado a efecto nuevas campañas similares. Es decir, no se tiene constancia documental, avalada por denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de que se estén llevando a cabo exigencias de entrega de cantidades en concepto de 'impuesto revolucionario'", asegura el Gobierno.

En todo caso, el Ejecutivo explica en el escrito, al que tuvo acceso Servimedia, que las Fuerzas de Seguridad desarrollan un "constante control" sobre las actividades de esta banda.

En el caso de la extorsión, el control se desarrolla "no solamente por la preocupación que se genera a la víctima y la alarma social que produce, sino también por su importancia para la financiación de la organización terrorista".