Así se refleja en un breve escrito, al que tuvo acceso Servimedia, con el que el Gobierno responde a una pregunta de la diputada del PP Ana Torme.

En una respuesta anterior, que llegó al Congreso el mes pasado, el Gobierno aseguraba que los jóvenes de Esquerra se encadenaron a la Cope en "ejercicio de su libertad de acción y manifestación".

Aquel acto de protesta de jóvenes de ERC contra los contenidos difundidos por la Cope, que concluyó con la intervención de la Policía Nacional, estuvo amparado por los diputados Joan Puig y Joan Tardá.

El Ejecutivo explica en este escrito que la Delegación del Gobierno en Madrid no recibió ninguna comunicación de concentración, lo cual no convierte automáticamente la misma en ilegal.

Precisa que, por principio, ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización contenida en la legislación vigente.

Según esa ley, añade, "se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de veinte personas, con finalidad determinada", por lo que queda eximida de comunicación previa toda concentración con menos de veinte personas, como era el caso.

Los efectivos desplegados, concluye, "fueron acordes y proporcionados ante el número de personas concentradas" ante la sede.

"En modo alguno pueden calificarse de asalto y ataque al interior del edificio y no constan en el Ministerio del Interior datos que avalen la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores de la Cope con presencia policial en sus sedes", asegura.