La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por los requerimientos formulados en ese sentido por el Ejecutivo aragonés del socialista Marcelino Iglesias.

Explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural yMarino realiza un seguimiento "puntual" de la situación y, con los datos actuales, concluye que "no se dan las condiciones necesarias" para garantizar suministro de agua a la ciudad de Barcelona son contar con la de los regantes.

Si persisten las lluvias, la situación mejorará, pero hoy por hoy no se preve un cambio en las previsiones porque no se puede garantizar que Barcelona disponga del agua imprescindible para consumo humano hasta que entre en funcionamiento la desaladora.

Fernández de la Vega juzgó en todo caso "legítima" y "absolutamente legal" la decisión de Aragón de recurrir por inconstitucional la compra de derechos a los regantes del Ebro.

Sin embargo, aseguró, el Gobierno está convencido de la constitucionalidad porque los regantes "se han puesto de acuerdo para la cesión gratuita" de los derechos. En todo caso, defendió el normal funcionamiento de las instituciones que prevé, en este tipo de casos, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.