Actualmente, cada servicio de salud fija en su catálogo de prestaciones ortoprotésicas las cantidades máximas que paga por cada producto. Si se comparan los diferentes catálogos, las cantidades que se abonan por artículos similares en cada comunidad autónoma son dispares en muchos casos.

La Administración sanitaria precisa de un respaldo legal suficiente para aplicar unos importes máximos de financiación y unos criterios para sleccionar los productos más idóneos para las necesidades de los pacientes.

Para conseguirlo, habrá que aplicar a los productos sanitarios que constituyen la prestación ortoprotésica los criterios del artículo 94.1 de la Ley del Medicamento.

La medida, según el Gobierno, repercutiría directamente en el coste de esta prestación, "favoreciendo un mejor control del gasto y una mayor homogeneidad en las cantidades a abonar por estos productos en el Sistema sanitario público".