Representantes del Departamento de Sanidad y Bienetar Social de la DGA han mantenido contactos con responsables de compañías de seguros y empresa bancarias introducidas en el negocio de los fondos de pensiones, que necesitan plazas de válidos y de asistidos para atender la demanda de sus clientes.

Las entidades que consigan uno de los solares ofertados y construyan la residencia tendrán que ajustarse al decreto de mínimos y podrán mantener la explotación del edificio hasta un máximo de 50 años, periodo durante el cual la DGA dispondría del 40% de la apacidad del centro. Una vez transcurridos esos 50 años, la propiedad total revertiría a la Administración autonómica.

Fuentes del Departamento de Sanidad señalaron que esperan "que esta medida sirva para que el problema de falta de plazas en residencias de ancianos disminuya, ya que es la mejor solución que hemos encontrado". También recordaron que el sistema, que ya desarrolla el Gobierno de Navarra, arroja "un balance positivo".

Por otra parte, la DGA abre a partir de mañana, miércoles, un plao legal de seis meses para que las residencias de ancianos privadas con ánimo de lucro puedan adaptarse a la nueva versión del decreto de mínimos, que ha reducido sus exigencias y se aprueba hoy en Consejo de Gobierno.

Según los cálculos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, el coste total de las obras se situaría en torno a los 300 millones de pesetas, de los que 130 serán asumidos en concepto de subvención por el propio Gobierno autónomo.

El nuevo decreto de mínimo suaviza las exigencas de la Unidad de Enfermería, suprime la unidad de noche, la de estancia de día para minusválidos y la unidad de docencia, reduce la dotación del servicio de mantenimiento y reserva la unidad de rehabilitación para casos especiales.

La reducción de exigencias es consecuencia de las protestas realizadas por los propietarios de residencias privadas, que decían que no podrían mantener abiertas las residencias si se les ordenaba cumplir las ordenanzas de la primera versión del decreto de mínimos. Por lo anto, se verían obligados a encarecer notablemente el precio de las plazas, o bien pasarle los ancianos a la DGA para que los cuidara.