Por otro lado, la Fiscalía pdió también al tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que el polémico convenio se suspenda.

El tribunal de dicha Sala tendrá que pronunciarse al respecto, una vez estudiados los documentos aportados, esto es, el recurso especial de Izquierda Unida, el expediente y la documentación del convenio entregado el lunes por el Gobierno Autónomo, las alegaciones presentadas esta misma mañana por el Ejecutivo y las que posiblemente envíen los servicios jurídicos de Antena-3 Televisión.

Tambié el ministerio público pidió la suspensión cautelar. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Arturo Tejero, indicó que la solicitud viene contemplada legalmente en el caso de procedimientos como el utilizado por IU, es decir, un recurso especial basado en derechos fundamentales.

Arturo Tejero explicó que sólo en el caso de que la suspensión produjera un fuerte daño a los intereses generales se podría haber evitado.

José Francisco Mendi, coordinador de Izquierda Unida en Aragón, valró positivamente la petición de la Fiscalía. En opinión de Mendi, se van produciendo los pasos adecuados hasta que llegue el momento del dictamen a favor o en contra de la suspensión cautelar.

El coordinador de IU cree que el Gobierno Autónomo debería aceptar el hecho de estar en estos momentos solo defendiendo el convenio.

Incluso las declaraciones del secretario del PP en Aragón, José Ignacio Senao, indican el abandono también de este partido, socio del Gobierno de Aragón en la coalición. Recoramos que Senao declaró el lunes de esta misma semana que si se observaban en el convenio irregularidades de cualquier tipo, el PP pediría la anulación del mismo.

Por otra parte, el PSOE aragonés pedirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se exija al Gobierno regional la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el convenio firmado con Antena-3 Televisión, requisito imprescindible para el recurso contencioso-administrativo que los socialistas tienen previsto presentar en el próxmo mes de septiembre contra el polémico acuerdo.

Según este acuerdo el Ejecutivo pagará 1.700 millones de pesetas al año a Antena-3 Televisión por la realización de una programación regional de carácter privado durante un número limitado de horas diarias.