Según establece este documento, se le reconoce al Ejecutivo autónomo la capacidad de presentar el citado recurso en el plazo de tres meses, una reclamación que sólo podría fundamentarse en cuestiones formales, concretamente en la duración prevista para ese trasvase de recursos hidráulicos.

Tejedor dijo que no es partidario de planter este recurso, ya que "se trata de una norma promulgada por el Gobierno del Estado y es una norma sobre la que quien debe pronunciarse con capacidad decisoria es el Congreso de los Diputados, que tendrá también un inminente debate para decidir si se convalida o no el real decreto y, en segundo lugar, si se convierte o no en proyecto de ley".

El Ejecutivo aragonés está mostrando una gran cautela en este terreno, ya que ha decidido esperar a conocer el resultado del debate que, sobre este mismo tema, mntendrá el Parlamento regional el próximo viernes.

Tejedor insistió en que no se ha estudiado la posibilidad de presentar tal recurso, ya que "la posición que tomen las Cortes de Aragón será la posición que finalmente adopte el Gobierno". Asimismo, consideró que "la decisión de las Cortes tiene mayor fuerza que la del propio Gobierno".

Ramón Tejedor, que ha pedido a los aragoneses unidad en defensa del agua, se ha pronunciado sobre el informe emitido ayer por el Justicia de Aragón, que consideró ue en el decreto podría haber indicios de inconstitucionalidad. A su juicio, el citado informe "tiene una cierta ambigüedad y algunos párrafos que he podido leer en el mismo parecen más propios de una opinión de carácter político que de un dictamen riguroso y técnico".