“La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y tasas de reposición cero”, declaró la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en alusión a los gobiernos del Partido Popular, a los que acusó de aplicar “una política que deterioró los servicios públicos”.

Esta OEP sale adelante en plena campaña electoral y a apenas 12 días de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ha contado con el apoyo de dos de los tres sindicatos con mayor representación en los servicios públicos –CCOO y CSIF–, mientras que CCOO se opuso a ratificar el acuerdo por desconocer los datos completos en el momento de su firma, entre otros motivos.

En concreto, de las 39.574 plazas de la oferta ordinaria (un 15,8% superior a la de 2022), 29.818 corresponderán a la Administración del Estado. De ellas, 19.947 serán de nuevo ingreso y 9.871 de promoción interna.

REPARTO DE PLAZAS

De las plazas restantes, 2.833 corresponderán al Cuerpo Nacional de Policía (2.600 de ingreso libre y algo más de 200 a promoción interna); 2.875 irán a reforzar la Guardia Civil (2.520 nuevas y algo más de 300 para ascensos); y 1.907 se destinarán a la Administración de Justicia (1.215 de ingreso libre y algo menos de 700 para promoción interna). A estas cifras hay que sumarles las 2.141 plazas que ya se aprobaron en mayo para fuerzas armadas y Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Asimismo, el Gobierno convocará 2.500 plazas para entrar en la Seguridad Social y mejorar la atención a los ciudadanos, y otras 1.025 para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). También sumará 500 nuevos trabajadores públicos a la escala de funcionarios de habilitación de carácter nacional, que se ubicarán en entes locales. Otro número destacado son los 8.790 puestos en el subgrupo C1, que son casi el 40% del total de la oferta destinada a la AGE.

El Ministerio de Hacienda informó también de que hay 57 plazas para personal docente, 66 para el personal Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. En paralelo, otros 254 empleos públicos se repartirán entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

Por último, Montero anunció que la tasa de reposición de la convocatoria ordinaria será del 110%, y se elevará al 120% en los sectores privados y al 125% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales. Así las cosas, de las 27.246 plazas de nuevo ingreso de la convocatoria oferta ordinaria, 18.621 serán para satisfacer la reposición de efectivos y las 8.625 restantes supondrán nuevo empleo neto. Al margen de estas cifras, el Gobierno sea comprometido a mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8% para 2024.

NOVEDADES EN LAS PRUEBAS

El Gobierno anunció también novedades en las pruebas de acceso a la Administración para agilizar los plazos. Recordó que cada organismo tiene su calendario para cubrir las bajas o atender su demanda de empleo, pero indicó que, a partir de ahora, todos los procesos selectivos deberán estar publicados antes del 31 de diciembre de 2023 y estar completamente culminados (desde la oposición hasta la respuesta a las alegaciones) en un plazo máximo de dos años desde la aprobación de las distintas convocatorias de empleo.

También se establecen limitaciones temporales en las oposiciones, que no podrán prolongarse más de nueve meses. Además, el Gobierno las limita a un máximo de cuatro pruebas en esta oferta de empleo.

Por último, el Gobierno se compromete en la OEP a una mayor descentralización de las pruebas de acceso y abre la puerta a que las convocatorias de empleo incluyan una distribución territorial.

COMPARACIONES CON EL PP

Al margen de la OEP, Montero dedicó buena parte de su comparecencia en exponer las diferencias entre la política de empleo público promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Mariano Rajoy. En este sentido, apuntó que entre 2012 y 2017 solo se convocaron 63.394 nuevas plazas, frente a las 183.433 creadas entre 2018 y 2023.

Preguntada por si una eventual llegada de Alberto Núñez Feijóo podría poner en jaque la oferta de empleo por las bajadas impositivas comprometidas en el programa electoral del PP, Montero rehusó entrar en el fondo de la cuestión por la Ley Electoral, pero subrayó que el Gobierno ha desarrollado la oferta en coherencia con su política económica y fiscal.

Así, apuntó que este real decreto-ley establece “obligaciones” de cara al Gobierno, por lo que cada “uno responde de los propios actos que protagoniza”. “Y por tanto, cada uno tendrá su opinión y tendrá que decir si le parece bien, mal o regular que el Gobierno apruebe la mayor oferta de empleo público por tercer año consecutivo. Para nosotros era importante, porque había un recorte previo que había provocado una situación de dejadez, falta de motivación y dificultades en la atención a los ciudadanos”, concluyó.