El Real Decreto pretende dar más alcance al intercambio de información entre el Catastro y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para detectar los fraudes de esta naturaleza. Además, instrumenta los sistemas que permiten simplificar las obligaciones de los ciudadanos y agilizar la actualización de la base de datos catastral.

De este modo, la nueva normativa establece la necesidad de que los ayuntamientos informen al Catastro del planeameinto y de los desarrollos urbanísticos, lo que permitirá un mejor seguimiento de los cambios en la calificación del suelo con el fin de prevenir acciones fraudulentas.

Por otro lado, esta ley dispone que los ciudadanos puedan obtener las certificaciones catastrales directamente mediante acceso telemático a través de la Oficina Virtual del Catastro.

Además, cualquier ciudadano podrá acceder a la información catastral, a través de Internet, y obtener los datos protegidos de sus propiedades, siempre que disponga de certificado de firma electrónica o del nuevo DNI electrónico.