Este Proyecto de Ley transpone a la normativa española dos directivas comunitarias de 26 de julio de 2000 y de 28 de noviembre de 2005 relativas a la transparencia de estas relaciones financieras.

En concreto, las empresas públicas vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas deberán "informar sobre la puesta a disposición de fondos por parte de las Administraciones, su motivación y su utilización efectiva, así como los objetivos perseguidos".

Asimismo, las empresas a las que los poderes públicos hayan concedido derechos especiales, o confiado la gestión de un servicio de interés económico general, y realicen otras actividades distintas de las citadas, deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y los costes correspondientes a cada actividad. También deberán informar sobre los métodos de asignación empleados.

Por último, la ley establece que las empresas públicas que desarrollen su actividad principal en el sector manufacturero deberán informar sobre cualquier tipo de intervención pública, así como oferecer información detallada de las transacciones realizadas con otras empresas del grupo.