Así lo presentó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda posterior al Consejo en la que aseguró que esta medida va a “cambiar la cultura de empleabilidad” ya que las personas paradas se van a convertir en “poseedores de derechos que van a poder reclamar con un mínimo común ante las administraciones de nuestro país”.

Díaz puso como ejemplo en varias ocasiones la cartera mínima de servicios de sanidad para explicar la medida, enfatizando que podrá haber una cartera complementaria de las comunidades autónomas, con las que mantuvo una negociación “difícil” pese a que se acabó aprobando por unanimidad. “El objetivo es que parados de Andalucía y País Vasco tengan un mínimo común denominador”.

En concreto, cualquier parado tendrá derecho a que en un plazo de tres meses se le realice un “perfilado individualizado” en el que se recoja un diagnóstico y los “recursos de los que carece” y, en segundo lugar, deberá tener a disposición en el plazo de un mes un itinerario personalizado con una persona orientadora que le ayude a mejorar su formación y conseguir trabajo.