El proyecto de ley quedará aprobado durante este año y prevé un plazo de un año desde su aprobación para que los partidos y organizacines afectadas aporten la documentación acreditativa del patrimonio incautado.

Según el texto del Gobierno los bienes inmuebles que se reclamen debían estar destinados en su momento al ejercicio de actividades políticas de los partidos y si tales bienes no pudieran ser devueltos, el Estado compensará pecuniariamente su valor, que será fijado por el Consejo de Ministros a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha hecho ninguna estimación del cste que puede suponer esta medida y que no se evaluará hasta que las organizaciones afectadas presenten sus reclamaciones.

Entre los partidos y entidades sancionadas por la Ley de 9 de febrero de 1939 figuran la Confederación Nacional del Trabajo, la Unión General de los Trabajadores, el PartidoSocialista Obrero Español, el Partido Comunista, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Catalana, el Partido Galleguista, el Partido Unificado de Cataluña, Partido Obrero de Unificación Marxista y Socorro Roo Internacional.