Dicho Reglamento moderniza las estructuras de esta institución inspectora, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia y agilidad, y consolida las garantías de seguridad jurídica de los ciudadanos.

Con ese propósito se instaura un sistema de inspección único para todo el territorio nacional, integrado orgánicamente n la Administración General del Estado y bajo la dependencia funcional de ésta y de las comunidades autónomas en función de las respectivas competencias.

La colaboración y cooperación entre las administraciones públicas se realizará a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos laborales y las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cada comunidad autónoma.

Por último, este reglamento desarrolla los principios de organización que enunció la citada ley de 1997,sumando a la nueva figura de la Autoridad Central de la Inspección los directores territoriales en las demarcaciones de cada comunidad autónoma, que a su vez se agrupan en inspecciones provinciales de Trabajo y seguridad social.

Estas también se remodelan, al crearse unidades especializadas por áreas con equipos de inspección flexibles que acomodan sus trabajos a las necesidades y peculiaridades de cada demarcación.