Con esta reforma también se cambia el régimen de renovación del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que se encuentra el presidente, de manera que el mandato será de seis años no prorrogables.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que es una ley de 2015 que se reforma para adaptarla a directivas europeas, reglamentos y a los cambios tecnológicos en los mercados de valores, y con ello dar “seguridad jurídica, mejorar la competitividad y reforzar la eficiencia en los mercados de valores”, con el foco puesto en la financiación de las pymes.

Una de las novedades son los cambios en la elección de los consejeros de la CNMV, entre ellos, el presidente. Fuentes del Ministerio explicaron que se cambia el régimen de renovación de los consejeros, que actualmente es de cuatro años prorrogables a otros cuatro años, y pasa a ser de seis años no renovables. Estas fuentes destacaron que es una “homologación” con los supervisores del entorno europeo.

Por otra parte, según detalló el departamento de Calviño en una nota de prensa, en el proyecto de Ley se establecen las previsiones necesarias para aplicar en España la normativa europea sobre criptoactivos de forma inmediata a su aprobación, al dotar a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito. Esta norma alcanza a cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo, es decir, que esté representado mediante tecnología de registro distribuido. Además, la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión, cuando entre en vigor la normativa europea.

El proyecto de Ley también incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las mencionadas ‘Spac’), garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas. Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a Bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

La reforma legislativa aprobada hoy simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones. Se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores.

También se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME Growth, al aplicarse al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (opas), que permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

Asimismo, se amplía la definición de pyme para incluir a empresas con emisores de deuda en un ejercicio inferior a 50 millones de euros, aumentando las posibilidades de cotizar en este mercado.

Se incorporan a la normativa española los cambios aprobados en la Directiva Mifid II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

También se incorpora la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESI), se mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.