Así se expresó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde afirmó que hoy es un día de los que merece la pena” formar parte del Gobierno de España, ya que la rebaja del tiempo de trabajo, como otras reformas legales sobre el mercado de trabajo que se han impulsado, contribuye a “mejorar la vida de la gente”.

Díaz compareció junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con quien mantuvo en semanas anteriores diferencias sonoras a cuenta de esta medida, aunque ambos ya llevan tiempo enfriando las tensiones y escenificaron su acercamiento este martes públicamente con más fuerza.

En su intervención, Díaz contrapuso su gestión con los años del Gobierno del “PP, con una perspectiva “neoliberal”, y elogió los frutos de la reforma laboral, las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y los ERTE aprobados durante la pandemia.

Satisfecha, Díaz calificó el día de “histórico”, dado que “hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa”, aunque hay países con jornadas inferiores a las 40 horas o incluso a las 37,5 aprobadas en Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda proclamó que esta propuesta “tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente”. Justificó la necesidad de la rebaja del tiempo de trabajo argumentando que, desde la última reducción, en los años 80, la productividad creció un 53%.

Además, advirtió de que es la productividad del capital la que no está mejorando, por lo que, aludiendo a las empresas, manifestó que “hay que señalar a quien no está haciendo las tareas convenientes”.

“No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo”, prosiguió la vicepresidenta segunda, quien sostuvo que a partir de un determinado momento el rendimiento decrece. Ello, mientras auguró que se va a reducir el absentismo laboral.

Sobre la afectación a sectores como el comercio y la hostelería, Díaz recordó el crecimiento de los beneficios que están experimentando estas empresas. EN concreto, detalló que la hostelería gana 5.877 millones más que antes de la pandemia; el comercio 56.125 millones; la construcción 3.896, y el campo 2.611 millones.

“Es decir, que de lo que se trata con esta medida también es de redistribuir o distribuir la productividad y, por tanto, también equilibrar estos beneficios en nuestra sociedad”, enfatizó.

COLECTIVOS BENEFICIADOS

Precisamente, los colectivos más beneficiados por la medida son las personas trabajadoras no cubiertas por convenios colectivos, que pueden actualmente verse sometidas a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

La norma, además de reducir la jornada, refuerza el control horario, haciendo obligatorio el uso de medios digitales e interoperables por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El registro tendrá los mismos requisitos para los empleados a tiempo parcial.

Para garantizar estos requisitos, los trabajadores tendrán que fichar en primera persona, al inicio y al final de la jornada. De la misma manera, se registrarán todas aquellas interrupciones que afecten a su cómputo.

Para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, este deberá permitir identificar inequívocamente a la persona trabajadora que lo realiza, así como las eventuales modificaciones de los asientos efectuados.

La información deberá figurar en un formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado tanto para la empresa como para las personas trabajadoras y las autoridades competentes, que permita su documentación y la obtención de copias. El sistema de registro garantizará la interoperabilidad que permita su acceso y gestión.

Las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo, y en cualquier momento. Además, el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras.

La empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo.

DERECHO A LA DESCONEXIÓN

Por otra parte, el anteproyecto recoge el derecho a la desconexión digital, de tal manera que no atender la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral, no podrá generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable para el empleado.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados.

Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave. Las multas tendrán como importe, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros, y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración máxima de la jornada ordinaria.

Cabe recordar que el texto se aprobó en los términos pactados entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, aunque le aguarda ahora una complejísima negociación parlamentaria, ya que a día de hoy no cuenta con apoyos suficientes para ser aprobado en el Congreso.

El acuerdo entre PSOE y Sumar, a propuesta de este segundo partido, incorporó una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 en 2025. La primera pantalla la sacrificó la vicepresidenta segunda en aras de ampliar la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente el acuerdo con la CEOE y Cepyme dentro no fue posible tras 11 meses de conversaciones y reuniones.

La patronal consideró en todo momento que la jornada se seguiría reduciendo vía negociación colectiva y atendiendo a las circunstancias de cada sector y cada territorio, por lo que rechazó la medida del modo en que la planteó Díaz por no ser “buena para el país”.

Pero las discrepancias no solo se dieron en el seno del diálogo social, sino del propio Gobierno de coalición. Así, el Ministerio de Economía no rechazó la rebaja de la jornada pero sí apelaba a poner el foco en las pymes y en no perjudicar el tejido productivo. Díaz, en cambio, exigió que se tenían que cumplir los tiempos incluidos en el pacto de coalición y pidió que se aprobara por la vía de urgencia y en los términos suscritos con los sindicatos, aunque luego se tengan que realizar cambios en las negociaciones con otras fuerzas políticas.

CUERPO A CUERPO

La tensión fue tal que, a comienzos de enero, Díaz espetó en una entrevista en RNE que Cuerpo se oponía a la medida y que hacer eso era “casi de ser un poco mala persona”. Economía eludió entrar en el ‘cuerpo a cuerpo’ abiertamente, aunque dejó claro que acortar la jornada era una “prioridad” de todo el Gobierno, aunque había que hacerlo con todas las garantías.

Tras ese pico, se celebraron dos reuniones entre Cuerpo y Díaz y pactaron que el 27 de enero se estudiara el texto en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) que, a su vez, pactó que se aprobara este martes en los términos pactados con los sindicatos, imponiéndose así la tesis de Díaz.

En este punto, ambos ministros escenificaron públicamente este martes el enfriamiento de las tensiones vividas entre ambos a cuenta de la reducción de la jornada laboral y se comprometieron a que el Gobierno negocie de forma “mancomunada” con los grupos parlamentarios, y “sin líneas rojas”.

Ambos respondieron a las preguntas de la prensa sobre sus diferencias en un tono distendido y con sonrisas y recalcaron que, pese a los debates que puedan surgir en algunos momentos, los gobiernos funcionan de forma “mancomunada”.

Si se cumplen los plazos previstos, tras la aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto de ley entraría en el Congreso a finales de febrero o principios de marzo, dado que al tramitarse por la vía de urgencia no hace falta esperar a informes de diferentes organismos para seguir avanzando.

Los sindicatos han advertido de que si el texto se bloquea no dudarán en presionar a los partidos que se opongan saliendo a la calle, mientras CEOE ha reconocido que hablará con quien quiera escucharla, aludiendo así a PP o Junts, para intentar que la medida no se apruebe o, que al menos no salga adelante como está diseñada en la actualidad.