El objeto del proyecto ha sido dictar las disposiciones necesarias para hacer posible su aplicación, en especial, en lo que respecta al estatuto de miembro nacional y a las relaciones de las autoridades españolas con dicho órgano de la Unión Europea, según informa el Ejecutivo.

La unidad Eurojust está integrada por fiscales, magistrados o agentes de policía, cuya misión consiste en facilitar la adecuada coordinación de las fiscalías nacionales y en apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada, así como en cooperar estrechamente con la red judicial europea, con objeto de simplificar la ejecución de comisiones rogatorias.

Según el texto legislativo aprobado hoy, la participación española contará con un miembro nacional, que será el representante de España ante la unidad Eurojust. Éste estará adscrito al Ministerio de Justicia y para desempeñar su papel deberá ser magistrado o fiscal.

Además, contará con el apoyo de un asistente, quien será el encargado de sustituirle en los casos previstos en la Ley, mientras que el corresponsal nacional será la persona que habitualmente mantenga la relación con las autoridades competentes de los Estados miembros. También el texto contempla la creación de la figura del corresponsal de Eurojust para asuntos de terrorismo.

El miembro nacional ejercerá funciones de cooperación jurídica internacional y, junto a la facultad de recibir y transmitir las solicitudes de asistencia judicial, se le confieren poderes de actuación complementaria, siempre bajo el control de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal que curse la petición de asistencia.

En los principios básicos de las relaciones de las autoridades españolas con Eurojust se proclama el deber de colaboración de las autoridades españolas, que se hace extensivo no sólo a los órganos del poder judicial y al Ministerio Fiscal, sino al resto de las autoridades y entidades públicas.

MAGISTRADOS DE ENLACE

También se especifica que se encauzarán a través de la Fiscalía General del Estado todas las peticiones que puedan producir efectos sobre el proceso penal.

Asimismo, y aprovechando esta regulación, se ha querido incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una regulación mínima relativa a los órganos o entidades que en materia de cooperación judicial han ido surgiendo en los últimos años, como son las Redes Judiciales Europeas y la figura de los magistrados de enlace.

El Proyecto especifica la existencia de cinco magistrados de enlace: cuatro en Estados miembros de la Unión Europea (cuya existencia ya se contemplaba) y uno adicional en un tercer estado, concretamente en el Reino de Marruecos, como consecuencia del convenio suscrito recientemente con este país, destinado a mejorar las relaciones de cooperación judicial.