El texto prevé que cuando las condiciones generales contradigan a las específicas de cada contrato, prevalecerán éstas últimas para evitar así, que se pueda legar la letra pequeña para desvirtuar los derechos reconocidos al ciudadano en un contrato.

En este sentido, también se establece que las dudas sobre la interpretación de las condiciones generales se resolverán en favor de las parte que no ha introducido las citadas condiciones generales.

No se tendrán en cuenta aquellas condiciones generales que sean ilegibles, ambiguas o incomprensibles. Tampoco se incorporarán al contrato aquellas sobre las que no se haya informado y facilitado un ejemplar y erán nulas las cláusulas abusivas o contrarias a lo dispuesto en la ley.

MULTAS

El proyecto de ley establece multas del tanto al duplo de la cuantía de cada contrato para los empresarios que persistan en la utilización de condiciones generales contra las que hayan prosperado las acciones judiciales que se establecen en la ley.

Estas acciones podrán ser ejercitadas por el ciudadano de forma individual o a través de las asociaciones de consumidores y otros organismos, si se pretende una declaracin judicial que obligue al empresario a eliminar la utilización de esas cláusulas y abstenerse de utilizarlas o recomendarlas en lo sucesivo.

Además, este proyecto de ley modifica la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios al establecer hasta 29 supuestos concretos de claúsulas abusivas (entre ellas, la exclusión o limitación de responsabilidad del profesional por los daños, muerte o lesiones causados al consumidor debido a una acción por parte de áquel).