Fernández de la Vega expresó su deseo de que el proyecto termine su tramitación parlamentaria para entrar en vigor a finales de este año y subrayó que al final "se van a ver beneficiados los consumidores, los ciudadanos".

La nueva ley unifica los actuales Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia en la Comisión Nacional de Competencia (CNC), compuesta por un presidente y cuatro consejeros con un mandato de seis años.

Según Fernández de la Vega, en los casos de concentraciones empresariales, "la intervención del Gobierno queda residual". El Consejo de Ministros sólo tendrá la posibilidad de intervenir de manera excepcional, cuando la operación afecte al interés general por razones previstas en la Ley distintas de las de defensa de la competencia.

También, el Ejecutivo refuerza la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia con la introducción de un mecanismo de clemencia para la exención o reducción de las sanciones a aquellas empresas que colaboren en la detección e investigación de un cártel.

Asimismo, se abre la puerta a la aplicación por parte de los jueces de lo mercantil de las normas sobre conductas anticompetitivas, favoreciendo la aplicación privada de la Ley de Defensa de la Competencia, la persecución de las conductas prohibidas y la indemnización de los daños y perjuicios por ellas causados.