El Plan, que pretende corregir la actual falt de puestos para realizar la prestación social sustitutoria, no modifica la Ley de Objeción de Conciencia, pero dispone una serie de medidas económicas, administrativas y reglamentarias. Sin embargo, el plan exige un nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia y de Prestación Social Sustitutoria.

Así, se modifica la estructura del Ministerio de Justicia, creando una dirección general específica dedicada a esta materia, que unificará la Secretaría del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, la Oficia para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia y un nueva Subdirección General de Coordinación e Inspección.

La nueva dirección general contará con suficientes medios materiales y personales para que pueda realizar su labor. Para ello, se prevé un incremento de la relación de puestos de trabajo del 119 por ciento y se ha aprobado un transferencia de crédito al Programa de Objeción de Conciencia valorada en 8.000 millones de pesetas.

Su labor consistirá en descentralizar sus funciones,tanto a nivel del Estado, a través de las delegaciones del Gobierno y gerencias territoriales de Justicia, como mediante la firma de convenios de cooperación con comunidades autónomas.

El Plan pretende que los llamamientos a objetores que se realicen en 1994 y 1995 se cubran efectivamente con el total del número de plazas disponibles, proveyendo las plazas dotadas con alojamiento y manutención que sean necesarias.

Igualmente, se pretende un sustancial aumento de plazas concertadas en organizacions y asociaciones de carácter social. Para ello, se trabajará con las distintas administraciones públicas cuya actividad material coincida con los sectores declarados prioritarios por la Ley de Objeción de Conciencia.

El objetivo es conseguir un aumento del número de plazas públicas que deberá reflejarse en el llamamiento del próximo mes de mayo, de forma que los objetores puedan incorporarse a éstas en octubre de 1994.

También incluye un programa de inspección y verificación de las plazas de presación social sustitutoria para que respondan a los parámetros legales.