Según el Gobierno, el objetivo de este reglamento es mejorar la lucha contra el fraude fiscal, al incentivar el cumplimiento voluntario y agilizar la tarea de la Administración. Además, el Ejecutivo entiende que se refuerzan ls garantías del contribuyente en los procedimientos de Hacienda.

Una de las novedades es la separación de la sanción del procedimiento, de manera que el investigado podrá aceptar la cuota tributaria con los correspondientes intereses de demora, aunque lo recurra, sin perder por ello la reducción del 30% del importe de la sanción que se imponga por haber estado conforme.

El procedimiento sancionador se ha divido en tres fases, la iniciación, la instrucción y la resolución. En la primera, se comunia al interesado la situación, así como los hechos objeto del expediente, el responsable, la posible sanción, etc.

A continuación, se emprende la instrucción, en la que el contribuyente puede hacer las alegaciones que estime adecuadas, y después de formula una propuesta de resolución que se comunica al afectado para que se pronuncie, si lo desea.

Tras realizarse todas las alegaciones, el órgano competente de la administración tributaria dictará una resolución con los motivos que dan lugar a ella. También es novedoso el sistema que se empleará para graduar las sanciones. El objetivo es ponderar la gravedad de la conducta que ha dado pie a la sanción y evitar la aplicación automática de ésta.