Estas medidas, que supondrán un gasto de 260 millones d pesetas, van destinadas a dar cumplimiento por parte de España de esta directiva, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad que obliga a definir unos objetivos de calidad, de forma que los límites de emisión de sustancias peligrosas en el agua que se fijan en las autorizaciones de vertido han de garantizar en todo momento el respeto de los umbrales permitidos por la UE.

Las actuaciones hoy aprobadas vienen a completar las ontempladas en el real decreto 484/1995 sobre medidas de regularización y control de vertidos y que persiguen en principio la misma finalidad que los programas previstos para la reducción de la contaminación de las aguas a los que alude la citada directiva.