Para conseguir una mayor autonomía, el decreto establece que el presidente será elegido y cesado por la Asamblea General. Hasta ahora, era nombrado por el Gobierno que, egún la nueva norma, tendrá que ratificar la elección o cese en su caso.

La representación del Gobierno en el Comité Nacional, que ahora es de nueve miembros, pasa a dos, mientras que los Estatutos de la institución deberán sera aprobados por la Asamblea General, a partir de ahora.

La norma regula también un nuevo modelo de tutela estatal, que se articula a través del Consejo de Protección, formado paritariamente por representatnes del Gobierno y de la institución. Se trata de un órgano colegiado de carácter interministerial, presiddio por la ministra de Asuntos Sociales e integrado por 18 vocales.

Para lograr un funcionamiento más eficaz, se redistribuyen funciones entre la Asamblea General, el Comité Nacional y el presidente para hacer más ágil y operativo el funcionamiento de la institución.

Asimismo, se modifica la organización territorial constituyendo un único Comité, a nivel autonómico, provincial y local y se cambia el sistema de designación de los presidentes de los comités terrtoriales, que serán nombrados por el presidente del Comité de ámbito territorial superior.