Así lo explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo., donde destacó que existe “un interés creciente en instalar estas plantas flotantes”.

Además, anunció que el Gobierno aprobó también hoy otro real decreto que regula nuevas subvenciones para proyectos españoles de la industria del hidrógeno por un montante de 794 millones de euros.

El real decreto de las plantas flotantes incorpora las demandas del Consejo de Estado. La principal fue que se articulara una ventanilla única para tramitar los proyectos con representación de las autoridades de agua y de energía, además de tener en cuenta a las comunidades autónomas.

Por ello, según informó Ribera, el régimen legal establecido por el Ejecutivo contempla que se trate de un procedimiento “simplificado y común” que resolverán las autoridades de agua y energía.

El procedimiento se podrá iniciar por la solicitud del interesado o través de concursos lanzados por las confederaciones hidrológicas. Además, se prohíbe su instalación en lagos, lagunas o masas de agua no artificiales o que estén protegidas y se limita la concesión a 25 años.

El Gobierno considera que en España hay alrededor de un centenar de embalses de titularidad estatal sobre los que podrían ubicarse plantas fotovoltaicas flotantes. Esta capacidad solar flotante se sumará a la energía producida por las centrales hidroeléctricas y permitirá aumentar la producción de las instalaciones y optimizar las infraestructuras de evacuación. Estas plantas, además, tendrán mayor rendimiento energético que los sistemas terrestres gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución de presencia de polvo.

Los interesados deberán tener permiso de conexión a un punto de la red de transporte o distribución de energía eléctrica y presentar estudios sobre el posible impacto de estas placas en la masa de agua.

Por su parte, los organismos de cuenca podrán reclamar al concesionario informes técnicos para valorar los efectos de la instalación sobre la gestión del dominio público hidráulico, la seguridad y explotación de infraestructuras, la compatibilidad del aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y la garantía de los caudales ecológicos o las demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica.

Los titulares de las instalaciones fotovoltaicas estarán sujetos al canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico y en el caso de embalses de titularidad estatal, al canon concesional y al canon de regulación.

La instalación de este tipo de plantas será beneficiosa tanto para la producción energética como para el medioambiente. Entre otras ventajas, se espera una reducción de la evaporación de las masas de agua y una menor presencia de floraciones de algas en agua dulce gracias a la sombra que proporcionarán estas placas sobre la superficie líquida. También evitarán la modificación de los terrenos que se produce en las instalaciones en tierra firme.

Dado que el concepto de fotovoltaica flotante aún es reciente, se establecerán programas de seguimiento para conocer mejor las características de estas instalaciones, plantear los posibles impactos que pueden tener y estudiar los requisitos que sean necesarios para su puesta en marcha.

AYUDAS HIDRÓGENO

En relación con las nuevas subvenciones a los proyectos de hidrógeno, la vicepresidenta explicó que se destinarán a los proyectos que han logrado financiación de los Programas de Interés Común de la Comisión Europea para el despliegue de este vector energético.

Los 794 millones se destinarán a siete proyectos en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y el País Vasco. Cinco de las iniciativas beneficiarias incluyen la construcción de electrolizadores de alta capacidad (de 100 MW o más) en entornos de gran actividad industrial, como puertos y otros complejos industriales, constituyendo clústeres o valles integrados.

Las otras dos propuestas se desplegarán en Aragón y prevén la puesta en marcha de sendos proyectos de generación de hidrógeno renovable para su uso en la fabricación de fertilizantes y otros compuestos químicos.

Los siete proyectos suman 652,2 nuevos MW de potencia de electrólisis de manera agregada y, en términos económicos, movilizarán recursos por valor de 1.141 millones de manera inmediata y más de 6.000 millones de inversión total a lo largo de toda su vida útil.

El reparto de las ayudas se efectúa con cargo a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 9 del PRTR) y serán canalizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).