Entre las medidas más importantes, destacan la condonación del pago a la Seguridad Social de las jornadas teóricas, lo que representa unas ayudas de 6.000 millones de pesetas; la condonación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con un coste de 5.000 millones de pesetas; la bonificiación de préstamos, hasta de 100.000 millones de pesetas, por un valor de 10.500 millones con cargo al Ministerio de de Agricultura y 10.500 a cargo a las comunidades autónoas, y otra serie de medidas complementarias con un coste de 2.500 millones de pesetas.

A todo ello hay que añadir la ampliación en 2.000 millones de pesetas para la contratación de trabajadores en paro y 5.300 millones de pesetas para el pago del canon de riego.

NO ES ELECTORALISMO

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Atienza, afirmó que la aprobación de este real decreto-ley no es ningún tipo de medida electoralist, ya que el año pasado se aprobó por las mismas fechas y también en circunstancias similares.

"El año pasado el Decreto Ley de Sequía", explicó Atienza, "salió, creo recordar, en torno al 21 de mayo de 1993 y este año se adopta el 27 de mayo. Se adopta cuando se produce ya la constatación de carácter irreversible de algunos de los daños relacionados con la sequía. Esa constatación se ha producido, y me parece que es importante no pretender hacer campaña electoral con la situación dramática de muchas eplotaciones agrarias".

Entre las medidas que recoge el real decreto-ley se incluye que el Ministerio de Agicultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con las comunidades autónomas, anticipará en tres meses el pago de las subvenciones a cultivos herbáceos para la campaña en curso.

Otra de las novedades previstas es la realización de inversiones extraordinarias para abastecer a la ganadería extensiva y la concesión de un crédito extraordinario de 3.000 millones de pesetas para el pago de indemnzaciones por seguros agrarios.

Los ámbitos territoriales afectados se determinarán por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y Trabajo y Seguridad Social, conforme a sus respectivas competencias.

De estas medidas podrán beneficiarse las explotaciones agrarias que estén situadas en las comunidades autónomas, provincias, comarcas, términos municipales o zonas que, a causa de la sequía, hayan sufrido unas pérdidas medias de cosecha en los ultivos o aprovechamientos ganaderos superiores al 50 por ciento de la producción normal, en el secano, o unas reducciones superiores al 50 por ciento en las dotaciones de agua habitualmente disponibles para los regadíos.