La norma remplaza las disposiciones vigentes, que databan de 1988, e incorpora otras mejoras como el resarcimiento de los daños que se hayan producido en viviendas, indemnizaciones por incapacidad laboral transitoria y la posibilidad de recibir cantidades a cuenta para quiene sufran lesiones invalidantes.

Los herederos de las personas que mueran a causa de un atentado percibirán una indemnización equivalenmte a 120 mensualidades del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente asciende a 56.280 pesetas, 13 mensualidades más que las que se percibían antes de la entrada en vigor de este decreto, el 1 de enero de 1992. Esto significa un aumento de 731.640 pesetas (un 14 por ciento).

Si las secuelas de la acción terrorista son de gran invalidez, el incremento nto es de 2.082.360 pesetas (un 39 por cien), si producen incapacidad permanente absoluta el aumento es de 675.360 pesetas (un 20 por cien), si se trata de incapacidad permanente total de 562.800 pesetas (20 por cien), y si de incapacidad permanente parcial, de 562.800 pesetas (el 33 por cien).

En todos los casos estas cantidades pueden ampliarse con 20 mensualidades de SMI por cada hijo que tenga la víctima y la cantidad resultante puede ser aumentada hasta en un 30 por cien en atención a las circunstncias familiares.

Las cantidades se harán efectivas al mes de presentar la documentación necesaria en el Ministerio del Interior.

Asimismo, el real decreto establece un sistema para que las personas que han sufrido lesiones puedan recibir cantidades a cuenta de la indemnización que les corresponda cuando sean dados de alta y quede determinado definitivamente el grado de invalidez que les afecta.

Tras un procedimiento rápido a cargo del Gobierno Civil de la provincia en la que se hayan producdo los hechos, el afectado recibirá trimestralmente el equivalente a 90 días del SMI, con un tope de 18 meses.

SIN ESPERAR

De esta forma, los heridos no tendrán que esperar a finalizar su tratamiento médico, a veces muy prolongado, para empezar a cobrar.

Por otro lado, las lesiones, enfermedades o accidentes consecuencia de atentados terroristas recibirán el doble del SMI diario mientras precisen asistencia sanitaria y estén impedidos para trabajar.

Idéntico criterio se seguirá con quienesqueden impedidos temporalmente para hacer su vida habitual, aunque no tuvieran un puesto de trabajo.

Otra de las novedades es que el Estado se hace cargo de la reparación de los daños en las viviendas afectadas por actuaciones de bandas armadas.

Los ocupantes del inmueble serán indemnizados por las obras que tengan que hacer en su estructura e instalaciones esenciales, así como en su mobiliario básico. El peritaje correspondiente lo realizará el Consorcio de Compensación de Seguros.

Siguen vgentes las normas que conceden pensiones extraordinarias a los perjudicados por actos terroristas.

El monto de las indemnizaciones abonadas por el Estado a las víctimas del terrorismo hasta el 31 de diciembre de 1991 asciende a 3.731 millones de pesetas.