El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan el pasado 2 de marzo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del impacto de la guerra en España.

Entonces detalló que se prorrogará hasta el 30 de junio el descuento del 60% en el bono social eléctrico para colectivos vulnerables y del 70% para vulnerables severos; la reducción del IVA a la electricidad, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad; se minorarán de forma temporal los beneficios extraordinarios en las centrales de gas; se reducirán un 80% los peajes para consumidores electrointensivos, y se convocará una nueva subasta de renovables.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño precisó esta semana que el plan contaría con una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la posibilidad de ampliar el vencimiento de los actuales avales para las empresas y los autónomos más afectados y aumentar los plazos de carencia.

Calviño también avanzó que se acelerará la agenda de transición energética, se impulsará la eficiencia energética y se reforzará la ciberseguridad.

Además, desde el departamento de Hacienda que dirige María Jesús Montero se estudian rebajas fiscales en aquellos productos más impactados por la inflación.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social baraja prohibir los despidos objetivos como se hizo con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por covid, medida con la que Economía ha mostrado dudas al señalar que la situación actual “no se puede comparar” con la pandemia, en palabras de Calviño.

En este sentido, Díaz señaló en una entrevista en la Cadena SER que no “entiende” estas reticencias, ya que se trata de una medida que “mostró que funcionó” durante la pandemia, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo.

El Consejo de Ministros del martes también prevé activar el ‘Mecanismo RED’ para el sector de las agencias de viaje. Se trata del sistema estructural de ERTE que se aprobó en la reforma laboral para suspender empleos en coyunturas económicas. Según las cifras de Seguridad Social, en las agencias de viaje, casi uno de cada tres empleados continúa todavía en ERTE como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.

AGENTES SOCIALES

En el marco del plan de respuesta al impacto de la guerra, Sánchez también instó a los agentes sociales a alcanzar un pacto de rentas para dar “estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales, como desde la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas”.

Precisamente, patronal y sindicatos se encuentran negociando la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pretenden cerrarlo con prontitud, pero sobre el que existen discrepancias de fondo por la revalorización que deben seguir los salarios en convenios colectivos. Así, mientras CEOE aboga por la “prudencia” y pone como ejemplo que en su organización se han incrementado los salarios un 2,1%, los sindicatos exigen que en el plazo de dos o tres años los sueldos no pierdan poder adquisitivo ante la elevada inflación.

Por otra parte, el Gobierno llevará el martes el acuerdo con los transportistas en el que se bonificarán 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y se dará una ayuda directa al sector de 450 millones, medidas que supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros. La bonificación de 20 céntimos supondrá un ahorro estimado de unos 700 euros por camión al mes y tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los mercados.

Igualmente, antes del 31 de julio el Ministerio presentará un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector.