Seguidamente el Gobierno remitirá el texto del Estatuto del Trabajador Autónomo al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social (CES) para recabar los dictámenes de ambas instituciones.

El Estatuto del Trabajador Autónomo establecerá, por vez primera en la historia, el derecho de este colectivo a protección social por cese de actividad. No obstante, el conjunto de autónomos deberán cotizar para la implantación de este derecho.

Trabajo considera que una cotización en el entorno del 7% permitiría financiar el sistema, con el fin de que las aportaciones de todo el colectivo permitan sufragar el coste que generen aquellos que pierdan involuntariamente su actividad.

Los beneficiarios del Estatuto del Trabajador Autónomo serán los cerca de 2,2 millones de emprendedores que son personas físicas, quedando excluidas las personas jurídicas.

De ellos, según datos de Trabajo, cerca de 1.750.000 no tienen ningún asalariado a su cargo, mientras que el medio millón restante no suele superar los tres.

Además, quedan regulados otros derechos, como el de los autónomos dependientes, que son aquellos cuyos ingresos dependen en más de un 75% de un mismo pagador. Los autónomos dependientes tendrán derecho, por ejemplo, a 15 días hábiles de vacaciones al año, es decir, unas tres semanas.