El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar la constitución de este organismo como una sociedad anónima estatal con un capital de 20 millones de euros, suscrito por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, con un desembolso inicial de 6 millones.

De esta forma, tras varios meses de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, esta sociedad verá la luz para movilizar un mínimo de 25.000 inmuebles en alquiler a precios asequibles en los próximos cuatro ejercicios.

La sociedad no tendrá carácter indefinido, ya que, según el proyecto que se aprobará mañana, sus estatutos sociales fijarán un plazo inicial de duración de diez años, que se revisará por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Por lo que se refiere a la financiación, el nuevo ente deberá recabar sus propios fondos, por lo que se baraja la posibilidad de que los inquilinos deban pagar una tasa mensual para que los propietarios se comprometan a alquilar a precios razonables.

A cambio, la sociedad garantizará al dueño el cobro de la renta y se contratarán seguros para posibles desperfectos que se produzcan en los pisos cuando los inquilinos los abandonan.

Una vez que se ponga en marcha, la sociedad abrirá un plazo para que los dueños de los inmuebles que deseen arrendarlos se apunten en una base de datos y para que los futuros inquilinos soliciten también su inclusión en las listas.

CRITICAS

Tanto el Partido Popular como los promotores inmobiliarios han expresado en numerosas ocasiones su posición contraria a la creación de esta sociedad estatal, al considerar que ya existen iniciativas similares en algunas comunidades autónomas y que los fondos destinados al ente deben repartirse entre ellas.

De hecho, comunidades autónomas como Castilla y León, Andalucía, País Vasco o La Rioja guardan en sus fronteras programas con finalidades y funcionamientos similares al que propone el Gobierno, razón que la oposición considera "un disparate" desde el punto de vista de la competencia.

Para los populares esta sociedad estatal sólo puede tener dos objetivos, o bien competir con los programas autonómicos ya existentes, o bien supervisar el funcionamiento de estas últimas lo que supondría una injerencia en las competencias propias de las comunidades autonómas.

Además, el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) no cree que la Agencia Pública de Alquiler contribuya a impulsar el mercado de alquiler, ya que entienden que lo que necesitan los propietarios es que pueda desalojarse rápidamente a los inquilinos que no pagan.