El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor esta directiva y los Estados miembros disponían de un plazo de transposición de tres años, que finaliza el 28 de diciembre de 2009.

Una vez que finalice el proceso de información pública, el Ejecutivo enviará el texto al Consejo de Estado para que emita su dictamen y, posteriormente al Consejo Económico y Social (CES). Después de ello, se remitirá a las Cortes para su aprobación que se espera se produzca antes de finalizar el año.

El Gobierno sostiene que la transposición de esta directiva se presenta como una "difícil" tarea, si bien será también una "gran oportunidad". Las actividades de servicios representan un 68% del PIB español.

El proceso de transposición constituye una ocasión única, explica el Gobierno, para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios en determinados sectores, lo que incentivará la creación de empresas y contribuirá a la mejora de la regulación.

Así, la mejora del marco regulatorio se derivarán ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.

Este proceso permitirá además modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un importante programa de simplificación administrativa.

También persigue el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios. En virtud de esta directiva, se garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias y con total transparencia.