La finalidad de esta ley, dijo el ministro, es fijar las reglas del juego en la industria española, delimitar los supuestos de actuación estatal y crear un marco institucional que respete el Estado de las autonomías.

Aranzadi hizo especial hincapié en que, en adelante, sólo será posible una actuación de las administraciones públicas, tanto s es horizontal -sobre el conjunto de la industria- como si es vertical -para un sector concreto-, si cumple los requisitos exigidos por la esta ley.

Dichos límites a la actuación del Estado, agregó, no podrán ser superados en ningún caso, extremo que, según el ministro, "no debe interpretarse como un intento del Gobierno de abandonar la planificación de la política industrial".

"Si por planificar la política industrial se entiende la obligación del Gobierno de establecer el grado de desarrollo decada sector, a través de los recursos públicos que se pueden hacer llegar hasta él, esto es algo que ni se ha hecho ni se va a hacer nunca en España", aseguró.

Las medidas que prevé el proyecto de ley para sectores que necesiten mejorar su competitividad consistirán en dar incentivos financieros, beneficios fiscales y condiciones especiales en la liquidación de deudas tributarias, mejores condiciones en las obligaciones con la Seguridad Social y medidas laborales que permitan adecuar las plantillas a as necesidades de la empresa.

La expropiación forzosa de suelo para ponerlo a disposición de iniciativas industriales de interés general, la creación de un Comité de Competitividad Industrial, de caracter consultivo y con representación de todas las administraciones públicas, para fijar criterios de política industrial, son otros de los aspectos incluidos en la ley.

Además, la ley establece multas de hasta 100 millones de pesetas para quienes la conculquen, y la creación de un Comité de Calidad pra determinar las condiciones de producción, certificación y normalización de los artículos y servicios que se hagan en cada empresa.