Así lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que explicó que la ley tiene por objetivos “garantizar la protección económica y social a las familias, profundizar su derecho a la conciliación y avanzar en el reconocimiento jurídico y la protección de los derechos de las familias” y, a su juicio, supondrá “un hito en la política social de nuestro país”.

Tras mostrar su “agradecimiento” a Ione Belarra, Alberto Garzón, Nacho Álvarez y Rafael Escudero que “impulsaron” este proyecto en la legislatura pasada, reconoció el “déficit estructural” de inversión pública que ha “sufrido tradicionalmente” la política social y “especialmente” en lo relativo a la protección de las familias y de la infancia, que cifró en “aproximadamente un punto porcentual del PIB en relación a la media europea”.

Una situación que, a su entender, se vio “agravada por todos los recortes de la década pasada”, lo que se “traduce” en una “carga mayor sobre las familias y especialmente sobre las mujeres, que asumen gran parte de las tareas vinculadas al cuidado de la vida”.

En este punto, subrayó, que hay “multitud de indicadores” de pobreza infantil, brecha salarial o natalidad o retraso en el momento de formar una familia que “dan fe de las dificultades económicas y de conciliación que aún pesan sobre muchas familias en España”. “Es, por tanto, una tarea democrática garantizar que estas carencias materiales y de tiempo no sean un escollo para que cada cual pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida”, abundó.

A este respecto, defendió que esta ley “sale al paso de esta tarea estableciendo un marco ambicioso y coherente de políticas públicas que incide especialmente en la protección económica y social de las familias, fomentando la corresponsabilidad y la conciliación y adecuando nuestro ordenamiento a la realidad familiar de nuestro país que la ley pasa a reconocer y a proteger”.

ALGUNAS MEDIDAS

Entre las medidas que contempla el texto, Bustinduy destacó que la norma “formaliza” la existencia de una prestación de ayuda a la crianza y recordó que, desde los Presupuestos Generales del año anterior “se logró una cobertura casi universal” en el tramo de cero a tres años, si bien juzgó “muy importante que se produzca esta formalización”, al entender que “constituye un punto de partida para su eventual extensión en el futuro”.

“Yo siempre he defendido que en España debería adaptarse una prestación universal por crianza, creo que la formalización de esta ayuda a la crianza es un primer paso para ampliaciones venideras”, sentenció, al tiempo que agregó que la ley también recoge la ampliación de los permisos de nacimiento a 10 días antes del parto para el segundo progenitor e incorpora supuestos de acogida permanente.

Además, Bustinduy aseveró que la ley también recoge una “mejora sustancial” del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos tanto en la cobertura como en la duración y la cuantía, que pasa a ser de hasta 500 euros cuando estaba fijada en 100.

Junto a ello, “por primera vez”, la ley reconoce la existencia y las “necesidades específicas” de las familias monoparentales, más de dos millones de hogares según el INE, el 81% de los cuales “tienen una mujer a cargo” y, que, a partir de ahora, gozarán de un “título propio”, de 16 semanas de gratuidad de escuela infantil durante los 24 primeros meses de vida de los hijos, de acceso “prioritario” a vivienda protegida, alquiler social, becas y ayudas, centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio.

Las familias con a partir de dos hijos, también tendrán un trato “homólogo” al que han recibido las familias numerosas hasta ahora y el ministró calculó que “más o menos 300.000 familias pasarán a beneficiarse de esta última condición”.

En la misma línea, explicó que la ley “formaliza” la “equiparación” en derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios y que, a través de la creación de un Registro Estatal de Parejas de Hecho, “se brindará no solo protección jurídica sino la equiparación formal en materia de pensiones, de prestaciones, de derechos laborales, de permisos, de esos 1,8 millones de parejas en España que hoy en día son parejas de hecho".

FAMILIAS NUMEROSAS

Por otra parte, el titular de Derechos Sociales defendió que, entre “otras muchas medidas”, la ley recoge “mejoras en la situación de las familias numerosas”, más de 800.000 en España, y, en este sentido, subrayó que la categoría especial de familias numerosas pasará de cinco a cuatro hijos, tres hijos en el caso de parto múltiple o de familias de rentas bajas establecidas en un umbral del 150% del Iprem y también pasarán a ser familias numerosas las familias con dos hijos en el seno de las cuales haya un progenitor con un 33% de discapacidad en lugar del 65% que existía hasta ahora.

“En los casos de custodia compartida, podrán obtenerse dos títulos de familia numerosa, cosa que hasta ahora no se podía, y también se recogerán los supuestos de unidades familiares en las que convivan hijos e hijas de uniones anteriores, que también podrán optar a este título”, apostilló.

PISTA DE ATERRIZAJE DEL ACUERDO DE GOBIERNO

Asimismo, estimó que la ley “podrá ser una pista de aterrizaje para algunos de los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno” que se están “negociando” en el marco de los Presupuestos Generales del Estado”, como la ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas y de la remuneración gradual de los permisos parentales de cuidado.

Para Bustinduy, la ley “va a afianzar una red de protección y apoyo a las familias y a la crianza que dará cumplimiento al mandato del artículo 39 de la Constitución y que sirve no solo para profundizar en la igualdad y la justicia social, sino también en la libertad de cada cual para poder desarrollar plenamente sus elecciones y sus proyectos vitales”.

Por su parte, fuentes de su departamento explicaron que, entre las medidas específicas para la “protección” de las familias de personas con discapacidad, en el caso de aquellas con menores de edad con discapacidad, las administraciones competentes “asegurarán la atención temprana y facilitarán los apoyos educativos necesarios”.

MIL DÍAS

En paralelo, en colaboración con el resto de administraciones públicas competentes, el Gobierno desarrollará un marco estatal de referencia para el acompañamiento y apoyo a "los primeros 1.000 dias" de un niño para garantizar un buen comienzo en la vida a todas las niñas y los niños de nuestro país.

Dicho marco implicará medidas como el acceso a un sistema sanitario universal que contemple la evaluación de riesgos durante el embarazo y la atención temprana y detección de dificultades en el desarrollo o el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil para atender las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años.