Lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que señaló que la violencia ejercida contra la infancia es “un asunto importante que preocupa y alarma”.

Indicó que el desarrollo de la estrategia es un mandato inserto en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que nace con la vocación de convertirse en una “hoja de ruta” para que los diferentes niveles de la Administración, las entidades y los actores trabajen conjuntamente para asegurar que ningún niño sufra ningún tipo de violencia.

Evocó que, según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se registraron un total de 55.354 denuncias de hechos violentos sufridos por menores con edades comprendidas entre 0 y 17 años en España, y se comunicaron al Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones sobre menores víctimas de violencia.

Más de la mitad de los casos registrados en el RUMI corresponden a chavales de 11 a 17 años, un dato que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera “clave” en cuanto a la detección de los casos.

En ese sentido, la estrategia contempla el diseño y la creación del Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (Russvi) y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia en 2025, y la realización de macroencuestas sobre la prevalencia de este tipo de violencia a nivel estatal y/o autonómico.

A su vez, la estrategia contempla la aplicación de medidas de sensibilización e identificación de la violencia ejercida contra la infancia, tanto por los propios chavales como por los adultos que forman parte de sus entornos y las administraciones públicas.

Para ello, el concepto de ‘entornos protectores y seguros’ será “central”, lo que llevará a convertir a los ámbitos en los que los niños se desenvuelven en espacios donde “puedan desarrollarse plenamente”.

A tal fin, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los programas de especialización a las profesiones con contacto habitual con menores de edad incluirán contenidos de prevención, detección e intervención en los casos de violencia contra la infancia, con el objetivo de que haya un 60% más de personas especializadas en este ámbito.

Derechos Sociales pretende que los menores cuenten con servicios gratuitos, integrales y especializados en atención, puesto que se trata “no sólo de prevenir y responder a la violencia física, emocional y sexual, sino de prevenir también la violencia institucional y administrativa que la disfunción de las instituciones y administraciones genera”.

Por último, se fijarán los “cauces de coordinación y cooperación eficaces” que posibiliten el “trabajo interdisciplinar y en red” en todos los ámbitos, “generando una cultura de la colaboración y cooperación eficaz entre los diferentes actores”.